miércoles, 20 de abril de 2011

COMUNIDADES RARÁMURI DE CHIHUAHUA DENUNCIAN PROYECTO TURISTICO

Denuncia del Proyecto "Barrancas del Cobre"
en Chihuahua

Fecha: 10 de Agosto, 2010

Boletín de Prensa sobre el Proyecto turístico Barrancas del Cobre

Nosotros somos autoridades tradicionales de las comunidades indígenas de Bacajípare, Huetosachi, y Mogotavo, del municipio de Urique, Repechike y Bocoyna; también nos acompañan de la Consultoría Técnica Comunitaria, A.C., y de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C., COSYDDHAC quienes nos dan asistencia técnica.


Queremos denunciar la manera como nos ha afectado el Proyecto turístico Barrancas del Cobre, y la construcción del teleférico en la zona conocida Como el Divisadero en el municipio de Urique y la posible construcción de un aeropuerto en el territorio de la comunidad de Repechike por los siguientes hechos:
 
Estas grandes obras nos afectan de manera directa a las cuatro 
comunidades indígenas representadas por su gobernador, 
quienes poseemos tierras en esta región. Entre las cuatro comunidades 
contamos con una superficie de más o menos 16,924 hectáreas. 
En este territorio vivimos un total de 203 familias Indígenas 
con un promedio de 7 miembros por familia, 
siendo aproximadamente 1,421 las personas afectadas.
 
Desde que empezó el proyecto turístico y cuando se anunció 
la construcción del teleférico en el Divisadero y del aeropuerto cercano 
a Creel, hemos tenido presiones para dejar nuestras tierras porque 
hay gente de afuera que quiere quedarse con ellas, para construir hoteles, 
cabañas y obras para el turismo.
Estas tierras las hemos ocupado de siempre, primero 
por nuestros abuelos y nuestros padres, ahora por nosotros 
y nuestros hijos. Por esta causa hemos sufrido amenazas 
a nuestra vida, agresiones verbales y escritas, intentos de desalojo, 
por lo que, nos vimos obligados a presentar denuncias 
ante los tribunales agrarios, civiles y penales, denuncias 
que a la fecha no se han resuelto.
 
Durante años hemos mandado oficios al gobierno, federal, 
estatal y municipal diciendo los  problemas que sufrimos 
como son la falta de seguridad pública, la falta de servicios públicos, 
denuncias y quejas por la derrama de aguas sucias 
que ustedes nombran aguas residuales de los hoteles establecidos 
en la parte alta de las barrancas; la necesidad que tenemos 
los indígenas de agua potable, la falta de control en la venta 
de alcohol, la invasión del ganado, el despojo de tierras, 
as amenazas de muerte, y no hemos sido escuchados.
 
 
Por todo esto las comunidades que representamos 
presentamos una queja ante el Relator de Naciones Unidas 
para poblaciones indígenas en la que le decimos
que se violaron los derechos que tenemos como pueblos indígenas 
y que están en el artículo 2do. de la Constitución Mexicana, 
en el Convenio 169 de la OIT y en la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas.
 
Los derechos que nos han sido violados son: el derecho a la tierra, 
a los recursos naturales, al reconocimiento jurídico de las autoridades
tradicionales, al derecho de información, a ser consultados 
antes de que se decidan los proyectos de desarrollo, 
el derecho a ser escuchados, el derecho a decidir cómo queremos vivir, 
el derecho a una justicia pronta y expedita en las demandas 
presentadas ante los tribunales agrarios, civiles y penales.
 
 
También nos quejamos ante la ONU que la inversión pública 
que se ha hecho está dirigida principalmente a realizar obras 
de infraestructura del proyecto turístico, y no toman en cuenta 
lo que necesitan nuestras comunidades para vivir bien. 
Cada día vemos que el proyecto turístico beneficia más a gente 
de afuera (empresas y prestadores nacionales y extranjeros 
de servicios turísticos) y a unos pocos intermediarios locales, 
nada nos dejan a los indígenas.  
 
No nos han informado qué va a hacer el gobierno sobre el número 
de turistas que van a llegar a nuestras tierras, qué van hacer 
con la falta de agua en la zona, cómo se van a manejar 
los desechos como basuras, aguas residuales  y desechos peligrosos. 
El Estudio de Impacto Ambiental no lo dice y tampoco 
nos lo dieron a conocer. 
 
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Las autoridades de éstas comunidades solicitan que se difunda esta información y se haga lo posible por que las autoridades correspondientes de los municipios, el estado de Chihuahua y la federación atiendan estas demandas, hechas dentro de los términos de las leyes vigentes.